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miércoles, 29 de enero de 2020

El Gobierno de Venezuela se apropia de 4 aseguradoras con el apoyo del TSJ




VENEZUELA - La decisión la adoptó en Caracas la Sala Constitucional apenas unas semanas después de que la Sala Político Administrativa declarara le impusiera un embargo por más de 54 millones de dólares, por presuntamente no pagarle a la estatal Corporación Venezolana de Guayana por los daños que sufrió una celda en 2004, pese a tenerla asegurada a todo riesgo.

  •   Multinacional de Seguros y las otras tres aseguradoras son propiedad de Tobías Carrero, desde finales del 2001 ha sido copnvertido en el blanco de los ataques del oficialismo.

El número empresas en manos del Estado no para de crecer. Así a finales de 2019 Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática Seguros pasaron a formar parte del sector público, al menos de manera temporal, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretara su intervención y ordenara al Gobierno que designara unos administradores ad hoc en la mismas, mientras se resuelve una demanda que la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) interpuso contra una de ellas. 



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La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia 410 del pasado 28 de noviembre, y cuyo contenido apenas fue publicado en días pasados. En el dictamen la instancia admitió la petición de los representantes del conglomerado minero público para avocarse a conocer la demanda que en 2004 interpusieron contra Multinacional de Seguros, por el incumplimiento de la póliza a todo riesgo que la primera tenía suscrita con la última.

Dicha querella ha avanzado con lentitud en el máximo juzgado y apenas en octubre pasado la Sala Político Administrativa, la cual consideró que la aseguradora incumplió el contrato que ambas habían firmado con la empresa estatal al no pagarle por los daños que sufrió una de sus celdas de producción de aluminio en 2003, y por ello le impuso preventivamente un embargo por más de 54 millones de dólares, mientras se resuelve el juicio. Aunque los demandantes están satisfechos con esta resolución, creen que la misma tiene vacíos que podrían poner en riesgo su ejecución y por esto acudieron a la intérprete de la Carta Magna. 



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En el dictamen redactado por el presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza se puede leer: "Visto que en el presente asunto está vinculado el orden público constitucional, en virtud de que la controversia está relacionada con los intereses del Estado Venezolano, en específico, los derechos de una empresa estratégica como lo es C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio (CVG VENALUM) (…) esta Sala Constitucional observa que los hechos descritos por la representación de la solicitante, hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización de sus amplios poderes cautelares, habida cuenta del peligro que corren por la posibilidad de hechos en los cuales la parte demandada pudiera quedar insolvente y con ello afectar la pretensión principal de la empresa estratégica del Estado CVG VENALUM",

En el fallo la instancia dio por buenos los argumentos de los abogados de la empresa pública, según los cuales el embargo judicial ordenado por la Sala Político Administrativa podría poner en riesgo la viabilidad económica de Multinacional, dejando en el aire "los derechos e intereses de un grupo determinado de personas como lo es el colectivo de asegurados" (unos 183.000 ciudadanos, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Seguros citados en la decisión) y por esto aceptó la propuesta de los demandantes de dictar la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes de las otras empresas del grupo Multinacional y de intervenirlas.

Tras ordenarle al Ministerio de Industrias y Producción Nacional que nombre a los miembros de las directivas que asumirán temporalmente la dirección de las cuatro empresas mientras se resuelve el fondo del asunto, el TSJ requirió de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) su ayuda, para que "velen por la custodia efectiva y material de los bienes inmuebles y muebles respecto a los cuales se solicitan las medidas preventivas".

Multinacional de Seguros y las otras tres aseguradoras son propiedad de Tobías Carrero, un empresario que gracias a sus vínculos con el fallecido Luis Miquilena llegó a hacerse con los contratos de seguros de varias dependencias gubernamentales al inicio del gobierno del también desaparecido Hugo Chávez. Sin embargo, una vez que se produjo la ruptura entre Miquilena y Chávez a finales de 2001 lo convirtieron en blanco de los ataques del oficialismo.








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