La incapacidad temporal, una prestación clave con desafíos estructurales para la Seguridad Social

•  Joaquín Merchán reclama más coordinación, inversión en prevención y una gestión más eficiente, así como mayor protagonismo de las mutuas de accidentes de trabajo
• También ha trasladado a la ministra Elma Saiz la propuesta de crear una Ley de Eficiencia Administrativa para la Seguridad Social, solicitándole además que los Graduados Sociales participen en los grupos de trabajo que analizan el sistema.

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, participó en un acto organizado por la Fundación Economía y Salud, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, del CEU San Pablo, en el que se abordó el tema de la Incapacidad Temporal en España, una de las principales prestaciones del sistema de Seguridad Social, cuyo impacto económico, sanitario y social ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tiempos. De hecho, a nivel económico se estima que se sitúa entre el 5% y el 6% del Producto Interior Bruto, con un coste agregado de 32.000 millones anuales, de los cuales 16.000 millones de euros anuales los soporta el Estado y otros 16.000 millones de euros anuales las empresas.

La gestión de la incapacidad temporal se comparte entre servicios públicos de salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras, empresas y personas trabajadoras, y los expertos inciden en que hay que poner el foco en los problemas de coordinación, sostenibilidad y equidad del modelo vigente.

Joaquín Merchán destacó que “el acuerdo para solucionar este importante problema, donde lo primero debe ser la salud de las personas trabajadoras, requiere de más coordinación, más medios, más inversión en prevención y en bienestar y un mayor protagonismo de las injustamente denostadas Mutuas de Accidentes de Trabajo”.

En el debate se examinó el marco normativo actual, incluidas las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1060/2022 en el Real Decreto 625/2014, así como la Ley 2/2025, que incide en la incapacidad permanente y su relación con la incapacidad temporal. Pese a los avances regulatorios, persisten “desajustes estructurales que todos juntos y de forma cohesionada, sin visiones partidistas, tenemos que solucionar”, matizó Merchán.

Actualmente, existe una disociación competencial entre los servicios de salud, responsables de la calificación médica, y las entidades gestoras y mutuas, encargadas de la prestación económica, unido a la multiplicación de servicios médicos intervinientes y la falta de una ordenación clara y armónica entre esta incapacidad y otras contingencias, como el desempleo o la maternidad y paternidad.

Tras la pandemia se han evidenciado las limitaciones del esquema tradicional y la necesidad de modernizar el modelo de gestión, que pasan por reducir cargas burocráticas, reforzando la seguridad jurídica y garantizando una protección social adecuada y coherente para las personas trabajadoras.

Joaquín Merchán ha reivindicado que “la incapacidad temporal no es apocalíptica, sino crítica, marcada por desequilibrios financieros, estructurales y normativos. Y los Graduados Sociales tocamos todos los días el barro de las Relaciones Laborales. Sabemos de lo que estamos hablando. Y estas Relaciones tienen que estar basadas en la confianza y en el respeto”.

El Presidente del Consejo comentó que “para buscar soluciones, lo primero es que hay que mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, agilizándose la digitalización y estableciendo protocolos e implantando la incorporación progresiva. Así como también, invertir en salud y prevención”.

Ante esta problemática, Joaquín Merchán está manteniendo reuniones con la ministra Elma Saiz, a quien le ha solicitado la necesidad de la creación de una Ley de Eficiencia Administrativa para la Seguridad Social, como se hizo anteriormente en el ministerio de Justicia. Y le ha trasladado la necesidad de formar parte de las mesas de estudio que realiza este ministerio.